Axel Buchheister: "la familia propietaria se convenció que no existía ninguna posibilidad que sus derechos prevalecieran y arriesgaban perderlo todo"

Hace pocos dias, en una editorial de "La Tercera", en forma impúdica, sin escrúpulo alguno, la Dirección del diario hace una apologia desvergonzada de los Schiss y menoscaba los derechos de la familia Hito, cuestionando la labor de las instituciones republicanas al respecto. Esto llamó poderosamente la atención porque en diciembre pasado en un interesante articulo titulado El origen del conflicto y la "rebelión" que vivió el territorio insular en los 60 el mismo matutino daba a conocer los antecedentes históricos que difundimos en esta página y que los demás medios silencian.

Afortunadamente, "aún tenemos Patria, ciudadanos", en el mismo diario, bajo la firma del afamado abogado Axel Buchheister cuestiona la "versión oficial" del "auto-convenio" de los Schiess y plantea que:

"...hay una hipótesis distinta: que la familia propietaria se convenció que no existía ninguna posibilidad que sus derechos prevalecieran y que arriesgaban perder todo. Entonces aceptaron la entrega gratis del inmueble, conservando por 30 años el derecho a usufructuar de su inversión"

El Hotel Hanga Roa y el otro caso

La tesis que se trata de una cuestión ajena al gobierno contrasta con la esgrimida en otro caso idéntico: el Parque Tantauco.

por Axel Buchheister - 06/03/2011 - 09:00

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EN EL PALACIO de La Moneda se anunció la firma de un inesperado acuerdo que pondría fin a la toma del Hotel Hanga Roa por parte de una familia rapa nui, el clan Hito. El acuerdo contempla la donación de la nuda propiedad del mismo a una fundación y los actuales dueños retienen su usufructo por 30 años, debiendo entregar a ella un porcentaje de los ingresos del hotel.

Llama la atención que los propietarios del hotel hayan cedido, luego que habían defendido su posición de forma inclaudicable. No era para menos, pues sostienen haber invertido US$ 50 millones en su construcción. La gentil dama que ha liderado férreamente la defensa de sus intereses, actitud que le ha valido por algunos el calificativo de "extranjera dura" -claro el dinero es de ella, no de los opinantes-, declaró que la decisión fue autónoma y libre de presión, para contribuir al desarrollo, la prosperidad y estabilidad social de la isla.

Aun a riesgo de contradecir a una dama, consignaremos que hay una hipótesis distinta: que la familia propietaria se convenció que no existía ninguna posibilidad que sus derechos prevalecieran y que arriesgaban perder todo. Entonces aceptaron la entrega gratis del inmueble, conservando por 30 años el derecho a usufructuar de su inversión, lo que les habilitaría recuperar ésta, para lo cual tendrían que ceder, además, una parte del flujo anual; o sea, rendir la parte más sustantiva de sus derechos y pagar por no perderlo todo. Ser un emprendedor decidido puede salir caro (les habrían advertido -se dice- que no invirtieran en la isla). Los papeles en regla nada importan cuando la causa no es políticamente correcta.

¿Y por qué se habrían convencido de eso? Porque cuando recurrieron al gobierno, éste les contestó que se trataba de un conflicto entre privados y que no tenía nada que hacer en ello. Como si el gobierno no tuviera por cometido velar por el imperio del derecho y el orden público. Eso, sin considerar que quien originó todo esto fue el Estado, pues fue el que obtuvo la propiedad de parte de los Hito, la inscribió a su nombre y luego la transfirió a privados. Ni mencionar los juicios que han iniciado buscando amparo: a lo más podrían obtener sentencia favorable en muchos años más.

La tesis que se trata de una cuestión ajena al gobierno contrasta con la esgrimida en otro caso idéntico: el Parque Tantauco en la isla de Chiloé. Esos parajes son reclamados por los huilliches, quienes sostienen que son suyos ancestralmente y así lo habría reconocido nada menos que el "Tratado de Tantauco", de 1826, firmado con España con motivo de la anexión de Chiloé al resto del país. No obstante, años después, el Estado los inscribió a su nombre y luego los enajenó a privados. El obispo emérito de Ancud relató a un medio electrónico que personalmente advirtió de dicha reivindicación al inversionista que pretendía comprarlos, quien le respondió "que el tema de los huilliches era problema del gobierno, no de él".

Concluía el prelado con una reflexión: "Ahora que es Presidente no sé cómo lo estará planteando". Suponemos que por coherencia estará analizando los alcances jurídicos y económicos de la donación de la nuda propiedad.

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